Ayer fue un día triste en Panamá. Los candidatos a la presidencia de la república firmaron uno de los pactos más controversiales en la última campaña electoral, el mal llamado «Pacto por la Vida y la Familia», auspiciado por grupos fundamentalistas de la iglesia católica y evangélica, encabezados por el arzobispo de Panamá (José Domingo Ulloa) y algunas conocidas personalidades de la homofobia panameña en los medios de comunicación.
Entre otras cosas, este pacto busca asegurarse de impedir que el nuevo presidente de Panamá realice movimientos hacia la redefinición del matrimonio y trate el tema del aborto considerando todos los escenarios posibles. En resumidas cuentas, este pacto compromete al siguiente presidente a mantener la definición del matrimonio como la unión «entre hombre y mujer» y algunas otras cosas que en pleno 2014 no hacen sentido alguno.
A pesar del sinsentido, casi todos los candidatos presidenciales firmaron el documento. Uno de ellos (Varela) manifestó abiertamente en televisión nacional su oposición al matrimonio gay, otro (Navarro) dio una respuesta ambigua a las cámaras, asegurando que el tema sería tratado durante su mandato si la sociedad lo dispone así. También firmó el candidato por el oficialismo (Árias), dando su aprobación a un documento que frena el avance cultural que tanto necesitamos.  El Profesor Juan Jované (candidato independiente a la presidencia y con una ideología de izquierda que no agrada a la gran parte del electorado) fue el único que se opuso a firmar el pacto, asegurando que debe existir un diálogo sobre estos temas y que no se puede dialogar con fundamentalistas. Miembros de grupos activistas LGBT que fueron al acto de firma para protestar fueron sacados del recinto por la policía y los medios no han dado mayor cobertura a sus protestas.
El pacto fue firmado en uno de los auditorios de la Universidad Católica Santa María La Antigua, donde obtuve mi Licenciatura en Psicología y mi Doctorado en Psicología Clínica, ambos programas donde se nos enseñó a respetar la diversidad y valorar las libertades individuales y la salud mental de los individuos. Hoy digo públicamente que ayer sentí vergüenza de ser egresado de esa institución y solo me queda dejar claro que no estoy de acuerdo con el pacto por su carácter egoísta y retrógrado.  Sin embargo, admito que ha sido de crucial importancia para decidir qué haré con mi voto el próximo mes cuando, ojalá, podamos terminar de una buena vez con este ridículo circo electoral que vivimos a diario en Panamá.
A continuación les presento el texto del «Pacto por la vida y la familia» y me pregunto: si todas estas legislaciones que citan se encuentran, de hecho, en nuestra Constitución, en nuestro Código de la Familia y en la Declaración Universal de Derechos Humanos ¿Por qué es necesario firmar este pacto si no es para tratar de garantizar la falta de diálogo al respecto y el avance del reconocimiento de libertades que deben ser otorgadas a la población y los grupos minoritarios? Les recuerdo que los pactos son incumplidos todos los días y que este no será la excepción. La lucha continúa y estas firmas están en papel, no en piedra.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO OBTENIDO DE LA PÁGINA DE INTERNET DE LA ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ: enlace original AQUÍ

COMPROMISO NACIONAL POR LA VIDA Y LA FAMILIA

Reconociendo lo que establece el Preámbulo de la Constitución Política de la República de Panamá, a saber que: “Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá”.
Reconociendo que el Artículo 17 de la Constitución establece que “las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”.
Considerando que el precitado Artículo 17 también reconoce que “los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”.
Reconociendo que el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Considerando que el Artículo 13, numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 
Reconociendo que el Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que “el Estado protege al matrimonio, la maternidad y la familia”.
Considerando que el Artículo 26 del Código de la Familia de la República de Panamá establece que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común”. 
Por lo antes expuesto, los abajo firmantes declaramos que: 
Nos comprometemos a garantizar el derecho a la vida como el primer y más importante derecho humano, reconociendo que sin este no existirían los demás derechos.
Nos comprometemos a proteger la vida humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Por tal motivo, consideramos que todas las políticas estatales deben estar dirigidas a garantizar este derecho.
Reconocemos que el matrimonio, entendido como la unión entre hombre y mujer, es el fundamento de la familia. Por tanto, nos comprometemos a defenderlo como tal y promoverlo a través de todos los medios.
Nos comprometemos a defender el derecho primario de los padres a educar libremente a sus hijos en sus principios morales y religiosos, y reconocemos que esta libertad debe ser protegida y garantizada por el Estado.
Nos comprometemos a garantizar la libertad religiosa y reconocemos que cada ciudadano tiene derecho, no sólo a la práctica privada de sus creencias, sino también a la libre expresión de sus convicciones religiosas en la vida pública.
Nos comprometemos a promover el  bien común, estrechamente vinculado al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales, y reconocemos que esto exige un compromiso por la paz, la correcta organización de los poderes del Estado, un sólido ordenamiento jurídico, la salvaguardia del ambiente y la prestación de los servicios esenciales para las familias.
  
Panamá, 15 de abril de 2014.